Calidad y uso de las zonas verdes

Extraído de la tesis Análisis económico de un bien público local: espacios verdes de Johanna Choumert

                                                                         Capítulo 4

                                               Análisis positivo de las elecciones públicas.

Introducción

De acuerdo con la economía pública normativa, el regulador actúa con miras a la eficiencia. En otras palabras, busca maximizar el bienestar colectivo. Garante del interés general, no está influenciado por otras consideraciones, como su carrera personal o la presión de los grupos de interés. Ante las fallas del mercado, busca la solución más efectiva. No hace comentarios sobre los efectos redistributivos de una medida. Esta decisión depende del político, que arbitra entre diferentes asignaciones de recursos con distintos efectos redistributivos (Lévêque, 2004).

En esta visión normativa del planificador, la recopilación de información no es un obstáculo para el planificador. Este enfoque no tiene en cuenta el comportamiento de las autoridades que realmente implementan las políticas. Sin embargo, pueden surgir fallas políticas y, como resultado, la intervención pública puede resultar ineficaz para corregir las fallas del mercado y puede conducir a un suministro subóptimo de bienes públicos.

En este capítulo, ofrecemos un análisis positivo de la intervención pública, que abre el camino a un enfoque empírico. La asignación de espacios verdes conlleva una dimensión política que abordamos movilizando los campos teóricos propuestos por la escuela de elección y la economía públicas local. En la sección 1, justificamos el uso de un enfoque positivo para las elecciones públicas locales. Luego, en la sección 2, presentamos el modelo del votante mediano, que es el núcleo de la teoría de la elección pública. Exponemos sus límites y modelos alternativos. Estos modelos son incompletos en el sentido de que no consideran las interdependencias entre las autoridades locales. En consecuencia, en la sección 3, presentamos los modelos de externalidades horizontales que permiten dar cuenta de estas interacciones.

Sección 1. Justificación para el uso de un análisis positivo de las elecciones públicas

1.1 Las dimensiones de las elecciones públicas

La política local de espacios verdes se caracteriza por su autonomía ya que los municipios tienen competencia. En nuestra opinión, también está marcado por su interdependencia con el medio ambiente de los municipios. Por medio ambiente nos referimos a cuatro dimensiones: política, económica, natural e intertemporal.

La dimensión política cubre dos campos. El primero nos lleva a cuestionar la estrategia individual de los políticos electos en comparación con los votantes. ¿Cómo influye el voto en las políticas locales implementadas?

El segundo permite ubicar un municipio en una jerarquía administrativa, ya sea en relación con el mismo nivel de decisión (los otros municipios), o en relación con niveles más altos de decisión (la estructura intermunicipal, el departamento, etc.). ¿Cómo integran los funcionarios electos las opciones de los funcionarios electos de los municipios vecinos? ¿Cómo responden a la acción de las comunidades de nivel superior?

Infraestructuras verdes.-Arbolado

La dimensión económica permite identificar la naturaleza de los arbitrajes económicos que se imponen a los representantes electos locales. Los discutimos en el Capítulo 2.

Se relacionan principalmente con el financiamiento de bienes públicos locales. La dimensión natural hace posible aprehender un cierto número de restricciones exógenas que pueden influir en las elecciones públicas. La ubicación de un municipio condiciona la accesibilidad a otros municipios (redes de transporte) y a los recursos naturales (mar, río, montaña, etc.).

Estos elementos son exógenos para los políticos locales elegidos. Sentimos que estos elementos influyen en la toma de decisiones públicas a través de compensaciones entre diferentes usos de la tierra. De hecho, los espacios verdes se pueden considerar como bienes sustitutos o complementario a otras comodidades. Además, dependiendo de los precios de la tierra, su costo de oportunidad es más o menos significativo. La dimensión intertemporal permite integrar la influencia del pasado, las aspiraciones y las limitaciones de corto, mediano y largo plazo. Las elecciones públicas de hoy dependen de la historia del municipio (política, económica, demográfica), así como de las elecciones de los politicos electos anteriores (en términos de espacios verdes, en términos de planificación urbana, etc.). La gestión de bienes y servicios públicos es en sí misma intertemporal, ya que implica una decisión relacionada con la inversión y los gastos operativos que afectan los presupuestos locales a corto y largo plazo. De este desarrollo nos alejamos de que sería incompleto, tanto desde un punto de vista teórico como empírico, estudiar las elecciones públicas locales sin tener en cuenta estas interdependencias. A partir de entonces, prestamos especial atención a la dimensión política.

 1.2 La existencia de asimetrías de información entre políticos electos y votantes

Las personas tienen información privada sobre sus preferencias y su disposición a pagar por espacios verdes. Los políticos electos tienen información privada sobre los costos de los espacios verdes. Por lo tanto, el significado de las asimetrías de información es doble. Los votantes tienen preferencias heterogéneas. Cuanto más heterogéneo sea este último, más difícil será para los tomadores de decisiones públicas satisfacer a todos los individuos. Además, estos últimos son usuarios de espacios verdes, votantes y contribuyentes. Incluso si quieren más espacios verdes, se les puede instar a no revelar su verdadera disposición a pagar por estos servicios debido al tradicional problema de polizones. Por lo tanto, el desafío para las autoridades es encontrar mecanismos para revelar las preferencias.

Está claro que la información es un problema más serio en política que en los mercados. Tullock y col. (2002) toman el ejemplo de comprar un automóvil. Si un individuo compra un automóvil en el mercado, invertirá más tiempo y recursos para obtener información sobre el mercado automotriz. Por una buena razón, un error de juicio lo dañará directamente (comodidad, costos de reparación, etc.). Por otro lado, en el caso de votar, cada individuo es consciente de que solo es un votante entre otros. Su elección puede no tener ninguna influencia en el resultado de las elecciones y las políticas implementadas.

El incentivo para buscar información es, de hecho, menos importante que para la compra de propiedad privada, porque las políticas implementadas se determinarán más por el voto de otros votantes. Para los políticos, esto crea un incentivo para formular políticas que atraigan a votantes desinformados. Sin embargo, los individuos están mejor informados que otros sobre ciertos aspectos de una política. Por ejemplo, los agricultores tienen mejor información sobre los subsidios vinculados a la política agrícola común, o los trabajadores están mejor informados sobre las restricciones a la importación de bienes directamente en competencia con los que fabrican. Tullock y col. (2002) sugieren un sesgo de asimetría de información. Conduce a la aparición de grupos de interés, lo que alienta a los políticos a tenerlos en cuenta..

Napoles.-Bosco di Capodimonte Vista aerea

Por lo tanto, buscamos comprender, por un lado, cómo los hogares revelan sus preferencias por los espacios verdes y, por otro lado, cómo los políticos locales elegidos usan su información privada sobre el costo de los espacios verdes con fines electorales. Sin embargo, incluso si los votantes no tienen información sobre los costos reales de proporcionar espacios verdes, pueden comparar municipios entre sí. Esto puede generar un comportamiento estratégico por parte de políticos electos locales que luego pueden adoptar un comportamiento de mimetismo para no ser sancionados por el voto o atraer nuevos residentes. Para proponer un marco formal adaptado a estas preguntas, estamos movilizando los campos teóricos propuestos por la escuela de elección y la economía públicas local, cuyos detalles deben presentarse

1.2 Las contribuciones de la economía pública local y la teoría de la elección pública

Los campos teóricos propuestos por la economía pública local y la escuela de elección pública son complementarios en el sentido de que ofrecen, entre otras cosas, un análisis positivo de elecciones públicas

1.3.1 La escuela de elección pública

(Tullock et al. (2002) definen la teoría de la elección pública como un análisis científico del comportamiento del gobierno y, en particular, del comportamiento de los individuos hacia él. Es el análisis del poder y las decisiones tomadas por los gobiernos, es decir, una “economía política”. Los autores hacen las siguientes observaciones: salvo excepciones, una persona que obtiene un mandato político no se convierte en un regulador benevolente. Además, los funcionarios electos no pueden evaluar las preferencias individuales de sus electores. Finalmente, la historia muestra que incluso si los gobiernos comienzan sirviendo el interés general antes que el interés individual, al final, pondrán primero sus intereses privados (Tullock et al., 2002). La escuela de elección pública rompe con la línea de pensamiento propuesta por la economía pública tradicional. Esto último sugiere que cuando los individuos pasan del estado de consumidor al estado de político, su acción tiene como objetivo servir al interés general. El análisis propuesto por la teoría de la elección pública admite que los tomadores de decisiones públicas probablemente persigan sus intereses personales.

Esta ruptura apareció con, en particular, el trabajo de Buchanan y Tullock (1962). Según estos autores, además de las fallas del mercado, puede haber fallas políticas. La idea subyacente de la teoría de la elección pública es la siguiente: los individuos adoptan los mismos comportamientos también en las actividades de la esfera del mercado que en las de los esfera política La primera reflexión es que los políticos (en una sociedad democrática) se ganan la vida ganando elecciones. Para hacer esto, deben atraer votantes e implementar políticas que les permitan ser reelegidos. Esto no pone en tela de juicio el hecho de que ciertos representantes elegidos actúen en interés general. Si un político aspira a maximizar su interés personal, hará todo lo posible para ser reelegido y propondrá políticas para ese fin.

La teoría de la elección pública, por lo tanto, ofrece un análisis de las fallas de las políticas públicas. Ocurren cuando las decisiones públicas se desvían del interés general. Los políticos electos pueden adoptar comportamientos que se desvían del óptimo social, buscan maximizar su interés personal (reelección, búsqueda de rentas, etc.) o incluso estar bajo presión electoral (grupos de presión, presión de algunos votantes …). Según estos supuestos, es probable que las elecciones públicas difieran del óptimo de Pareto. Además, las fallas políticas pueden surgir de las asimetrías de información: los funcionarios electos no siempre están plenamente informados de la demanda social y las preferencias individuales por los bienes públicos locales; tienen una ventaja informativa sobre los desafíos, las restricciones presupuestarias y los costos de producción de bienes públicos locales.

Normativa-presentacion-instrumentos-financieros

Para la teoría de la elección pública, la existencia del estado puede verse de dos maneras: o bien su existencia emana de la necesidad de atender las necesidades de todos los miembros de la comunidad (asignación eficiente); o surge de la necesidad de satisfacer las expectativas de una fracción de la población (redistribución). Esta distinción es fundamental para analizar las elecciones públicas (Mueller, 2003).

Considere, por ejemplo, el mercado, cuya función es garantizar el intercambio de bienes privados. Según los dos teoremas fundamentales de la economía del bienestar, cualquier equilibrio general en competencia pura y perfecta es un óptimo de Pareto; y es posible asociar un sistema de precios de equilibrio general con cualquier óptimo de Pareto. Esto significa que el funcionamiento de los mercados competitivos permite lograr una asignación eficiente de recursos sin intervención estatal. La eficiencia económica se define así por la maximización del bienestar colectivo. Pero la asignación de recursos puede ser desigual entre diferentes individuos. En la teoría de la economía del bienestar, la eficiencia económica se puede lograr independientemente de las consideraciones de justicia y equidad. En caso espacios verdes, estamos en una situación de fallas de mercado. Para remediar estas deficiencias, la intervención estatal puede ser necesaria. Por lo tanto, habrá un proceso de elección colectiva para determinar la cantidad de bienes públicos y el modo de financiación. A diferencia del proceso de intercambio de mercado, este proceso plantea el problema de la asignación y la redistribución. Es por eso por lo que parece relevante movilizar teorías de elección pública para analizar las políticas públicas en términos de espacios verdes. Este enfoque implica la validación empírica de los modelos propuestos. Tullock y col. (2002) enfatizan la importancia de la confirmación empírica de cualquier proposición teórica.

1.3.2 Economía pública local

Derycke y Gilbert (1988, p. 5) definen la economía pública local como “la economía de las actividades no de mercado organizadas y financiadas a nivel infraestatal de las autoridades locales descentralizadas”. Lo ven como una corriente autónoma que se inspira en la economía pública. Su emancipación está vinculada a dos tipos de características inherentes a los bienes y agentes a los que se refiere. Presta especial atención a las características espaciales de los productos que está estudiando: posición, ubicación en el espacio, distancia de usuarios potenciales, etc. ; además, busca comprender la naturaleza de las interacciones entre los diferentes niveles de toma de decisiones públicas (autoridades estatales, locales, etc.). ¿Por qué la economía pública local es diferente de la economía pública? La teoría de los bienes colectivos fue iniciada por el trabajo de Samuelson (1954). Se basa en la oposición entre bienes públicos y privados. La economía pública local es, por lo tanto, una continuación del trabajo de Samuelson. Sin embargo, trae tres aspectos nuevos: la divisibilidad, las externalidades de desbordamiento y las externalidades de congestión que caracterizan ciertos bienes públicos locales.

A partir de estos tres atributos de los bienes públicos locales, la economía pública local integra las particularidades de cada nivel territorial en el análisis económico. Las preguntas que aborda son las siguientes (Lea, 1981) 1: ¿qué bienes y servicios deben proporcionar los gobiernos? ¿Cuál debería ser el tamaño y la disposición espacial de las autoridades locales a diferentes niveles? ¿Qué tipo de bienes debe producir cada nivel de gobierno? ¿En qué condiciones? Por qué cantidad? ¿Qué tipo de impuestos y regalías elegir? ¿Qué sistema de subsidios entre los niveles de gobierno debería establecerse? ¿Cómo organizar el suministro de bienes colectivos: verticalmente sobre una base estrictamente jerárquica u horizontalmente mediante la agrupación de ciertos equipos? ¿Dónde ubicar el equipo y la infraestructura de manera efectiva? ¿Cómo unir efectivamente los sectores público y privado? ¿Cómo asegurar una transición gradual entre el estado actual y el estado ideal descrito por las respuestas a las preguntas anteriores?

Parques y Jardines de Paris.–square-du-temple

Para responder a estas preguntas, la economía pública local se ha desarrollado en torno a varios modelos (cf. Derycke y Gibert, 1988; Gilbert y Guengant, 2002). Se refiere a la corriente del federalismo financiero iniciado por Musgrave (1959). Su trabajo se centra en las diversas actividades del Estado, que se dividen en tres ramas: la asignación de recursos, su redistribución y la estabilización del equilibrio macroeconómico. El modelo propuesto por Musgrave (1959) es incompleto en el sentido de que no ofrece una respuesta satisfactoria a la cuestión de la división óptima del territorio. Tiebout (1956) proporciona una respuesta teórica más adecuada. Bajo ciertas condiciones, los habitantes eligen la combinación de bienes / impuestos públicos locales que maximizan su utilidad, lo que conduce a una distribución óptima de los hogares de acuerdo con sus preferencias. La economía pública local también aborda la cuestión de la localización óptima de los bienes públicos locales. Derycke y Gilbert (1988) presentan dos enfoques.

Según el enfoque del “estilo Weber”, es una cuestión para la comunidad minimizar los costos generalizados de los viajes de los usuarios al servir a la población en comparación con un lugar central de establecimiento del bien público. Según el enfoque de “Rawls”, se trata de garantizar a cada individuo un tiempo o costo de acceso aceptable. Además, la economía pública local utiliza el modelo de votante medio (Downs, 1957). Este modelo establece que el nivel de gasto.

Las autoridades locales reflejan las preferencias de este votante, es decir, el que determina el voto mayoritario. También moviliza modelos de interacciones político-económicas: la ideología de los políticos electos, el comportamiento burocrático, la búsqueda de la reelección. Este enfoque de la economía pública local es similar al propuesto por la escuela de elección pública. Finalmente, la economía pública local ofrece herramientas para analizar las relaciones horizontales y verticales entre diferentes comunidades. En nuestra opinión, la economía pública local presenta dos intereses principales para el análisis de las elecciones públicas en términos de espacios verdes. Mientras que la corriente principal de la economía margina la dimensión espacial de los fenómenos, la economía pública local está interesada en la integración del espacio en el análisis económico.

Además, la economía pública local está interesada en el comportamiento de los políticos electos, así como en las relaciones entre los diferentes niveles de decisión. La dimensión espacial de las políticas públicas y el comportamiento de los representantes locales elegidos generan efectos económicos específicos que la economía pública local permite captar. Hubiera sido posible integrar el carácter espacial de los espacios verdes mediante la movilización de la economía urbana. Elegimos la economía pública local y la teoría de la elección pública, ya que nos permiten elaborar un análisis positivo de las elecciones públicas en términos de espacios verdes. En nuestra opinión, la dimensión política tiene toda su importancia en la cuestión de los espacios verdes que no pueden ser exclusivamente históricos, económicos, ecológicos, ambientales, etc. Hay muchos puentes entre la economía pública local y la teoría de la elección pública. Incluso si las dos corrientes tratan ciertos puntos, en general, algunos se profundizan en la teoría de la elección pública (en particular los fracasos políticos) y otros en la economía pública local (en particular, la interdependencia entre las comunidades locales). )

Sección 2. El modelo de votante mediano

El modelo de votante mediano está en el corazón de la teoría de la elección pública. Él postula que la oferta de un bien público local refleja la demanda del votante mediano. Es el votante decisivo en las elecciones. Este modelo permite transcribir el concepto de “agente representativo” manteniendo la hipótesis de heterogeneidad de preferencias. Si consideramos que las personas tienen las mismas preferencias, solo el nivel de bien público local y su modo de financiación son problemáticos. Lindahl (1919) muestra que este enfoque de los bienes públicos es limitado ya que los individuos tienen diferentes preferencias y, por lo tanto, diferentes prioridades. Bergstrom y Goodman (1973) hacen un hallazgo similar. Una comunidad debe tomar una decisión para muchas personas con preferencias heterogéneas, diferentes ingresos y diferentes preferencias. Deben determinarse las cantidades de bienes públicos locales y los costos deben distribuirse de una forma u otra. Finalmente, como señala Bowen (1943), los bienes públicos no pueden dividirse en unidades disponibles para cada usuario. ¿Existe una solución económica al problema? Lindahl (1919) proporciona un primer elemento de respuesta. Parece que, de hecho, la decisión de asignar bienes públicos se basó en preocupaciones políticas. Bowen (1943) retoma esta idea y defiende la tesis de que votar es un criterio relevante. Las divergencias entre los usuarios se pueden resolver por votación.

2.1 El origen del modelo de votante mediano:

La paradoja de Condorcet Deje que tres individuos 1, 2 y 3. Todos puedan elegir entre tres proyectos alternativos A, B y C. La Tabla 5 representa las preferencias de cada persona. Por ejemplo, para el individuo 1, se prefiere el proyecto A sobre el proyecto B y el proyecto B se prefieren al proyecto C, es decir, A f B f C 1. Las preferencias del individuo 2 son B f C f A y las del individuo 3 son C f A f B. ( Ver original )

 

Si cada individuo vota por su proyecto favorito, no hay solución de votación. Por este motivo, es necesario proceder a una votación por par. De acuerdo con la regla de votación por mayoría simple2, los resultados son los siguientes:

  • Cuando el proyecto A se opone al proyecto B, gana. Entonces, si A se opone a C, C gana. (ii) Cuando el proyecto B se opone al proyecto C, B gana. Entonces, si B se opone a, A gana.
  • La notación f significa “se prefiere a”. Mueller (2003) presenta una discusión sobre los diferentes métodos de votación. En teoría, como un bien público beneficia a todos, la decisión debe tomarse de acuerdo con la regla de la votación unánime. Este último es el único método de votación para lograr el nivel de bien público y precios de impuestos óptimos en el sentido de Pareto.

Sin embargo, tiene dos reservas. Lograr este óptimo puede ser costoso y llevar mucho tiempo en una gran comunidad de personas con preferencias heterogéneas. Los costos de transacción y los costos de oportunidad del tiempo pueden ser demasiado altos en comparación con los beneficios. Además, la regla de votación unánime puede fomentar el comportamiento estratégico. Estos reflejan los problemas inherentes a la provisión voluntaria de bienes públicos y los problemas de incentivos para revelar preferencias. Por lo tanto, la votación unánime es impracticable. La regla de votación mayoritaria se usa más comúnmente en muchas situaciones. Por lo tanto, los costos de la decisión son más bajos y los costos relacionados con el tiempo son más bajos. Por otro lado, la regla de votación mayoritaria implica que ciertas personas tienen una situación deteriorada ya que el resultado de la votación no corresponde a su situación preferida

Cuando el proyecto C se opone al proyecto A, C prevalece. Entonces, si C se opone a B, B gana. Este caso ilustra la paradoja de la votación. Cada alternativa se puede elegir de acuerdo con el orden en que se ofrecen las opciones. El resultado de la votación es cíclico y depende de cómo los tomadores de decisiones públicas presenten las opciones. Por lo tanto, Condorcet sugiere que se elija una alternativa solo si tiene la mayoría en contra de cada alternativa.

2.2 Una solución a la paradoja de votar

Tomemos los tres votantes 1, 2 y 3 junto con las tres alternativas A, B y C. La Figura 11 ilustra la paradoja de Condorcet presentada anteriormente1

Ahora considere otros tres proyectos D, E y F. Las preferencias de los tres individuos se muestran en la Figura 12. Las preferencias del individuo 1 son D f E f. Las preferencias del individuo 2 son F E f D. Las preferencias del individuo 3 son E f f D.

De acuerdo con la regla de votación por mayoría simple, los resultados son los siguientes:

  • (i) Cuando el proyecto D se opone al proyecto E, E gana. Entonces, si E es opuesto a F, E gana.
  • (ii) Cuando el proyecto E se opone al proyecto F, E gana. Entonces, si E se opone a D, E gana.
  • (iii) Cuando el proyecto F se opone al proyecto D, F gana. Entonces, si F es opuesto a E, E gana. Esta nueva situación de votación no presenta un punto muerto. Cualquiera sea el orden de elección, E gana. La alternativa E es la preferencia media.

Esto da como resultado el teorema de preferencia mediana. Para que se verifique, se debe respetar la condición de las preferencias unimodales (“preferencias de un solo pico”) : las preferencias deben disminuir monotónicamente a medida que uno se aleja del pico de preferencia. Esto evita la paradoja de Condorcet e identifica la preferencia media.

La hipótesis del votante medio es la herramienta más utilizada tanto desde un punto de vista teórico como empírico para analizar las elecciones públicas. Ella postula que las elecciones colectivas votadas por mayoría reflejan las preferencias de este votante. Este último es un ganador de Condorcet y su voto es decisivo en las elecciones. El teorema del votante medio establece que si el número de votantes es impar y las preferencias son unimodales, entonces el resultado del voto es único. En caso de que un funcionario electo desee ser reelegido, maximizará el bienestar del votante mediano durante su mandato para aumentar su probabilidad de ser reelegido (Black, 1948; Downs, 1957; Hotelling, 1929).

Sevilla vista general de los jardines de Cristina,Reales Alcazares y San Teñlmo

 2.3  Modelo teórico

El modelo de votante mediano se puede interpretar de dos maneras distintas. O los políticos electos buscan satisfacer al individuo con preferencias medias y, por lo tanto, buscan minimizar el número de insatisfechos, o los políticos electos aspiran a ser reelegidos al tratar de satisfacer la demanda del votante que les garantiza la reelección.

Las hipótesis del modelo son las siguientes:

  • (I) Competencia entre dos candidatos.
  • (ii) Espacio unidimensional de elección. El tamaño de las opciones ofrecidas a los votantes debe ser único. Se supone que cada municipio debe ofrecer un bien público local compuesto.
  • (iii) Unimodalidad de preferencias. Si la utilidad disminuye, no puede volver a subir.
  • (iv)Costo marginal constante de producir el bien público local. Esto es posible si los municipios producen el bien público local con los mismos insumos cuyos precios pueden ser diferentes siempre que tengan funciones de producción idénticas.
  • (v) Papel decisivo del votante medio. El votante mediano es el agente decisivo ya que permite la victoria para los votantes (n-1) / 2 ubicados a su “izquierda” o su “derecha”. No pueden crear una coalición contra él.
  • (vi) Ausencia de externalidades de desbordamiento. Los municipios se consideran entidades independientes.
  • (vii) Ausencia de capitalización (positiva o negativa) del bien público local y de impuestos.
  • (viii) Movilidad de agentes.
  • (ix) Todos los votantes deben votar
  • (x) Relación monótona entre el ingreso y la cantidad de bien público local deseado.

El tomador de decisiones local desea optimizar sus posibilidades de reelección. Con este fin, maximiza la satisfacción del votante mediano durante su mandato. La función de demanda del bien público local por el votante mediano es tal que:

z = z M p (4.1) (,)

Las especificaciones del precio del impuesto mp (precio del bien público local a cargo del votante mediano) y de los ingresos M m se derivan del programa de maximización de la utilidad para el votante medio. Los funcionarios locales elegidos maximizan su utilidad:

Esto se financia con el impuesto retirado de la base impositiva total del municipio c b y las asignaciones a tanto alzado pagadas por niveles más altos de toma de decisiones c g. Para un municipio determinado, la base imponible per cápita es la suma de la base imponible de los hogares m c b y las empresas e c b. El gasto per cápita para el bien público local es igual al producto de su costo marginal c p y la cantidad disponible por usuario c z. La igualación de la tasa marginal de sustitución entre el bien público local y el bien privado permite obtener el precio impositivo del bien público local:

e c c m c m m p b b b p + = (4.6)

El precio del impuesto pagado por el votante medio es, por lo tanto, igual a la relación entre su base imponible y la base per cápita promedio del municipio e c m c c b = b + b, ya que todos los contribuyentes participan en la financiación del bien público local. Por lo tanto, para probar la validez empírica del modelo es necesario conocer el nivel de oferta de bienes públicos locales, los ingresos del votante medio, el precio del impuesto, la población y las transferencias recibidas por los municipios.

El costo de votar con los pies.-Transporte-
Huertos urbanos en la ciudad de Mexico

 2.4 Modelo de votante medio y óptimo

El modelo de votante medio conduce a un saldo de votación, pero solo a un saldo de segundo orden. Derycke y Gilbert (1988) demuestran que el nivel de gasto resultante de la demanda del votante mediano converge al óptimo de Pareto solo si todos los individuos tienen las mismas preferencias. En este caso específico, cada individuo se beneficia de un nivel idéntico de bien público local y paga el mismo precio de impuestos.

Sin embargo, el modelo de votante mediano no cumple las condiciones de pareto-óptima si la distribución del ingreso en un municipio es desigual. Considere una ciudad en la que todos los votantes tengan acceso al mismo nivel de espacio verde. Si N es el número total de habitantes del municipio, cada individuo puede beneficiarse del nivel de espacios verdes  / N. Si se supone que el ingreso medio es más bajo que el ingreso promedio (es decir, muchos ingresos bajos y poco ingresos altos) y que las tasas impositivas son proporcionales al ingreso, entonces el votante medio paga un precio impositivo bajo teniendo en cuenta El nivel de bien público local del que puede beneficiarse. Como resultado, el votante medio exigirá más bienes públicos locales que los óptimos.

Considere otro ejemplo con un municipio compuesto por 101 votantes. El alcalde desea crear un espacio verde. El costo total de este espacio verde asciende a 4.000 €. Se decide que se financiará con un impuesto de 40 € por votante. Se pide a los votantes que voten directamente por la creación de espacios verdes (se supone que sus preferencias son unimodales, por lo tanto, el votante medio es decisivo). Entre los votantes, 50 están a favor del proyecto y tienen una disposición a pagar igual a € 100. Los otros 51 no están a favor. El beneficio social marginal vinculado a la creación de espacios verdes es igual a [50 × 100] + [51 × 0] = 5,000 €.

El costo social marginal asciende a 4.000 €. Por lo tanto, los beneficios superan los costos: por lo tanto, debemos crear espacios verdes. Sin embargo, según los resultados de la votación, no se creará el espacio verde. Por una buena razón, 51 votantes no desean pagar un impuesto de 40 €. El resultado de la votación no es óptimo ya que no se tiene en cuenta la intensidad de las preferencias. Sin embargo, en el sistema político francés, los votantes eligen a sus representantes a quienes delegan la toma de decisiones. En lugar de elegir entre dos proyectos, los votantes eligen entre varios candidatos

2.5 Límites del modelo de votante mediano y extensiones

Los límites del modelo de votante mediano están vinculados a sus hipótesis restrictivas expuestas anteriormente, en particular las relacionadas con la naturaleza unidimensional del espacio de elección. De hecho, el razonamiento se vuelve complicado si los votantes están interesados en diferentes temas, lo cual es una situación más cercana a la realidad. Adaptamos el ejemplo propuesto por Tullock et al. (2002) 2 a espacios verdes. En la Figura 13, los puntos A a H representan los puntos ideales de ocho votantes para combinaciones de gasto en espacios verdes y gasto policial. La satisfacción de cada votante disminuye si la política implementada se aleja de su punto de preferencia. Como no hay equilibrio, los partidos políticos proponen un conjunto de medidas para obtener el voto de tantos votantes como sea posible (Black, 1948; Tullock et al., 2002)

A pesar de sus limitaciones, el modelo de votante mediano sigue siendo ampliamente utilizado porque satisface la necesidad de modelar el comportamiento de las comunidades locales de una manera simple (Derycke y Gilbert, 1988). Constituye el marco de referencia para la economía de las elecciones públicas. Sin embargo, descuida una parte importante de la oferta del sector público. Algunos autores sugieren extensiones al modelo. La teoría de los políticos partidistas integra el color político de los políticos electos para comprender las elecciones públicas. El modelo de votante medio sugiere que hay una carrera electoral entre dos candidatos.

Esto supone que los candidatos no tienen preferencias individuales en términos de la política a implementar. Esta suposición se cuestiona en la teoría de los políticos electos partidistas. Al igual que el modelo de votante mediano, se basa en un modelo de competencia electoral. Encuentra sus fundamentos en las obras de Calvert (1985) y Wittman (1973, 1983, 1995). Ella sugiere que los políticos electos tengan sus propias preferencias para la política pública. Buscarán implementar su programa político una vez elegidos. A diferencia de Downs (1957), quien explica que los partidos políticos toman sus decisiones para ganar las elecciones, Wittman sugiere que los políticos electos busquen ser reelegidos para implementar su programa político. Todavía buscan el voto del votante medio, pero según esta teoría, no solo están interesados en su reelección.

La teoría de la burocracia viene en respuesta a la simplicidad del modelo de votante mediano. Propuesto por Niskasen (1971), explica que los politicos electos y los funcionarios públicos adoptan un comportamiento para maximizar el tamaño de la administración (que tiene un impacto en el tamaño del sector público) o un comportamiento para maximizar anualidad discrecional1 (generando así ineficacia-X2).

Los políticos electos están interesados en el prestigio de su estado, salarios y beneficios en especie, como equipos de oficina, viajes, etc. (Brennan y Buchanan, 1977; Niskasen, 1971). Según la teoría de los grupos de interés, los políticos electos están influenciados por las contribuciones monetarias de los grupos de presión (Becker, 1983, 1985; Grossman y Helpman, 1994, 1996).

Otra forma de abordar el tema es la presión electoral. Los grupos de interés tienen más información sobre ciertos temas que otros componentes (Tullock et al., 2002). Por esta razón, los representantes locales elegidos están más atentos a estos grupos. Se utilizan otros enfoques para analizar la influencia de los grupos de interés (cf. Hanoteau, 2004a, 2004b). Se basan principalmente en la función de apoyo político (Peltzman, 1976; Stigler, 1971) y la búsqueda de rentas.

Barcelona.-Parc Güell.-Bancos

Según el enfoque de la función de apoyo político, los beneficiarios de una medida determinada recompensan a los políticos elegidos ya sea por su voto o por contribuciones monetarias. En consecuencia, los políticos electos maximizan una función de apoyo político. Esta función es el resultado de una compensación entre la utilidad de los grupos de interés y la pérdida de eficiencia que la medida impone a la sociedad. La búsqueda de alquiler se basa en dos generaciones de modelos. Los primeros analizan las preferencias de los grupos de interés para diferentes medidas. Estos últimos son modelos de competencia en alquiler. Las elecciones en política pública son entonces una función del equilibrio de poder entre los diferentes grupos de interés (Hanoteau, 2004b).

Según la teoría del incrementalismo presupuestario (“teoría del alpinismo”), los funcionarios electos utilizan estrategias progresivas destinadas a facilitar la implementación de su política y evitar conflictos con otros funcionarios electos (Lindblom, 1959; Wildavsky, 1964; Wildavsky, 1975). La teoría del registro sugiere que las elecciones públicas son el resultado de intercambios entre funcionarios electos. Un funcionario electo vota por un proyecto con la esperanza de que el otro funcionario electo lo vote por otro proyecto. En los sistemas democráticos, esta negociación es común (Tullock et al., 2002). Un representante electo A vota a favor de una ley o un proyecto para el que no es favorable, de modo que otro representante electo B vota a favor del proyecto apoyado por el representante electo A. Hay dos tipos de registro: explícito e implícito. Cuando es explícito, el intercambio de votos entre los representantes elegidos está claramente definido (negociaciones durante las sesiones, acuerdos de dar y dar).

El registro existe porque la mayoría de las leyes o proyectos políticos tienen diferentes efectos en diferentes grupos de la población. Por ejemplo, un proyecto de espacio verde beneficiará principalmente a los residentes del vecindario en el que se ubicará. Según la teoría política económica, los políticos electos maximizan su probabilidad de ser reelegidos. Los políticos electos están, por un lado, motivados por sus intereses privados (poder, ganancia pecuniaria, prestigio, etc.) y, por otro lado, los votantes eligen al candidato que les ofrece el programa que les brinda el mayor beneficio. Según Breton (1974), antes de las elecciones, los funcionarios electos intentan satisfacer más a los votantes para ganar votos y ser reelegidos. Sin embargo, estos diferentes modelos ofrecidos por la escuela de elección pública son cuestionados por varios autores.

Presentamos sus principales argumentos.

La teoría de los fracasos políticos se basa en las asimetrías de información entre políticos y votantes. Wittman (1995) argumenta que los mercados políticos tienen las mismas características de información que los mercados competitivos. Muestra que la competencia entre políticos electos reduce las posibilidades de comportamiento oportunista. También plantea la idea de que los participantes en el proceso democrático actúan racionalmente. Esto desafía el argumento de los teóricos de las escuelas de elección pública de que los votantes no están informados. Wittman (1995) estima que este trabajo sobreestima el costo de obtener información y subestima la cantidad de información que tienen los votantes.

En segundo lugar, las teorías de la elección pública consideran que la naturaleza de las relaciones entre los políticos electos y los votantes es del tipo principal-agente. Los problemas de incentivos resultantes son numerosos (cf. Laffont y Martimort, 2001). Para Wittman (1995), la competencia y la reputación reducen la posibilidad de un comportamiento oportunista. Udehn (1995), por otro lado, refuta el argumento de que los políticos electos están motivados por sus intereses privados. Además, es imposible explicar por qué los votantes votan y participan en acciones colectivas. Sería más relevante razonar en términos de motivaciones mixtas en lugar de basar el análisis de las elecciones públicas en hipótesis restrictivas como el egoísmo. Ante estas críticas, proponemos introducir los modelos de interacciones horizontales. Estos se basan en la hipótesis del votante medio, pero también incorporan el hecho de que las asimetrías de información pueden reducirse mediante la competencia entre las comunidades locales.

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Sección 3. Modelos de interacciones estratégicas horizontales

Las interacciones horizontales designan situaciones en las que las elecciones de una comunidad influyen en las elecciones de otras comunidades del mismo nivel (por ejemplo, los municipios entre ellos). La pregunta que surge en esta sección es: ¿cuál es el origen de las interacciones horizontales?

Los municipios pueden adoptar dos tipos de comportamiento estratégico: no cooperativo (competencia o polizón) o cooperativo. Un comportamiento estratégico no cooperativo consiste en que un municipio maximice la combinación de bienes públicos locales / impuestos en comparación con los municipios vecinos. Puede tomar la forma de competencia, mimetismo o comportamiento de polizón. Las interacciones horizontales se originan ya sea por la movilidad de las bases impositivas (“modelos de competencia fiscal”) o las asimetrías de información (“modelos de competencia política en comparación”).

Por lo tanto, los modelos que presentamos integran la espacialidad vinculada a la movilidad de los individuos y la movilidad de la información que influye en las elecciones públicas (Brueckner, 2003; Wilson, 1999). En otras palabras, los políticos electos locales ofrecen un nivel de bienes públicos locales destinados a atraer bases impositivas o evitar una sanción por el voto de los residentes. Al usar la pareja de impuestos / bienes públicos locales, un municipio puede aumentar su atractivo. El equilibrio depende de las expectativas de cada municipio en relación con el comportamiento de los demás.

 3.1 El modelo de competencia fiscal

La primera familia de modelos de interacción horizontal se basa en la movilidad de las bases fiscales. Estos son los modelos de competencia fiscal. Están en línea con el trabajo de Wildasin (1988) y Zodrow y Mieszkowski (1986). Se supone que los políticos electos locales son benevolentes y su objetivo es maximizar el bienestar social. La ineficacia de las elecciones públicas está vinculada al comportamiento no cooperativo de los políticos electos de diferentes municipios.

Las interacciones estratégicas pueden relacionarse con todos los instrumentos de política pública para los cuales tener (gasto público y tasa impositiva). Por lo tanto, la competencia está vinculada a la movilidad de las bases impositivas, en sí misma el resultado de las disparidades en las tasas impositivas y el suministro de bienes públicos locales entre las autoridades locales. Cuando las bases impositivas son móviles, las decisiones tomadas por una comunidad afectan a las otras comunidades, a través de sus limitaciones presupuestarias. Por ejemplo, si una comunidad reduce sus tasas impositivas (o aumenta su oferta de bienes públicos locales), atrae a nuevos agentes y, por lo tanto, reduce las bases impositivas de otras comunidades. En consecuencia, la competencia fiscal es una fuente de ineficiencia ya que las autoridades locales no tienen en cuenta las externalidades que imponen a los demás.

El objetivo de las autoridades locales es atraer capital (los inversores buscan la ubicación que les da el mayor rendimiento) y los hogares (buscan la ubicación que ofrezca la combinación de tasa impositiva / bienes públicos locales más ventajosos). Cada tomador de decisiones público local establece su tasa de impuestos (o suministro de bienes públicos locales) para maximizar la utilidad del agente representativo. Considera la política de otras autoridades locales como dada. La competencia fiscal puede dar como resultado una asignación de recursos subóptima: si un municipio aumenta sus tasas impositivas, hace que los agentes huyan a municipios cuya tributación es más atractiva. Los municipios luego participan en la competencia hasta que el rendimiento del capital sea idéntico en cada municipio. Por lo tanto, las tasas impositivas son demasiado bajas porque los encargados de tomar decisiones públicas locales no tienen en cuenta las externalidades positivas que disfrutan otras comunidades que se benefician de la llegada de nuevos residentes (Wildasin, 1988; Wilson, 1999). Dado que las tasas impositivas son demasiado bajas, la cantidad de bienes públicos locales suministrados es subóptima. Estos modelos son similares a los modelos de externalidad de desbordamiento (Brueckner, 2003) ya que es la movilidad de las personas la que está en el origen de las interacciones estratégicas.

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3.2 El modelo de competencia política en comparación

La segunda familia de modelos se basa en la existencia de asimetrías de información entre representantes electos y votantes. La información se refiere al costo de los bienes públicos locales. Este modelo es similar al modelo de suministro burocrático mencionado anteriormente en la sección 2 de este capítulo. La competencia política en comparación (competencia de criterio) hace posible reducir las asimetrías de información al mejorar el papel selectivo de las elecciones bajo el supuesto de no movilidad de las bases impositivas (Besley y Case, 1995; Ladd, 1992; Salmon , 1987). Los votantes pueden reducir la asimetría de la información al votar comparando las opciones de política pública en su municipio de residencia con las de las autoridades locales vecinas. Si las condiciones son más favorables en este último, entonces la probabilidad de ser reelegido representantes electos disminuye. Los políticos electos se enfrentan a una doble competencia: la de los candidatos de su municipio y la de los políticos electos de los otros municipios.

Como resultado, los políticos electos determinan las tasas impositivas y el suministro de bienes públicos locales que maximizan su propia utilidad. Esto último depende de la tasa impositiva, el suministro de bienes públicos locales y una probabilidad de función de reelección. La probabilidad de reelección depende de la tasa impositiva, el suministro de bienes públicos locales, las características socioeconómicas de la comunidad local y también las elecciones de las comunidades locales tomadas como punto de referencia (Leprince et al., 2005 ). Los políticos locales elegidos se enfrentan a un dilema. Pueden aumentar las tasas impositivas para capturar una anualidad debido a asimetrías de información. Pero al hacerlo, disminuyen su probabilidad de ser reelegidos.

 3.3 Formalización teórica de interacciones horizontales

Cualquiera que sea la fuente de interacciones horizontales (externalidades de desbordamiento, competencia fiscal o competencia política en comparación), formalización teórica y tratamiento La econometría sigue siendo similar (Brueckner, 2003)

. Los modelos tienen en común el análisis de la existencia de externalidades horizontales entre comunidades del mismo nivel. Cualquiera sea el origen de las interacciones estratégicas, la función objetivo de las autoridades locales es la misma. Según Brueckner (2003), un municipio i elige el nivel de bien público local i z. Su elección también depende de las de los otros municipios i z− y de un vector de características Xi.

La función objetivo del municipio i es tal que

: (,,) i i Xi V z z− (4.7)

La solución i z a este problema depende de i z− y Xi. Se puede escribir de la siguiente manera:

() i i Xi z R z, = – (4.8)

donde R es la función de reacción del municipio i.

Representa la mejor respuesta de i, las opciones de las otras comunas dadas. Si la pendiente de esta función es cero, no hay externalidades horizontales. La teoría no permite que el signo de esta función se determine a priori (Brueckner, 2003). Para optimizar esta función objetivo, los funcionarios electos locales maximizan la utilidad del agente representativo, el votante mediano. Para modelar las externalidades horizontales, debemos hacer una suposición sobre el comportamiento de los municipios estudiados. En este caso, la hipótesis de Nash refleja el hecho de que los municipios optimizan su suministro de bienes públicos locales, al asumir el suministro de los otros municipios como se indica.

Representa la mejor respuesta del municipio i a las elecciones de otros municipios. Además, la naturaleza de la función de reacción depende de las características del i común. El análisis de la pendiente de la función de reacción indica la naturaleza de las interacciones estratégicas. Se han propuesto muchas extensiones de este modelo en la literatura con los impuestos como una variable estratégica (cf. Madiès et al., 2004, 2005).

Otros modelos toman el suministro de bienes públicos locales como una variable estratégica (Murdoch et al. 1993; Hanes, 2002; Lundberg, 2006). Lundberg (2006) propone una extensión de este modelo teniendo en cuenta el número de visitas realizadas por el agente representativo en las comunidades vecinas. Los costos asociados con el consumo de bienes públicos suministrados por estas comunidades están representados por los costos de transporte. Solé-Ollé (2006) propone una extensión de este modelo al incluir la congestión.

Nueva York.-Parque de bolsillo

 3.4 Externalidades verticales

También pueden existir interacciones estratégicas entre comunidades de diferentes rangos, por ejemplo, entre municipios y el departamento o entre municipios e intercomunal. Luego hablamos de externalidades verticales. Estas interacciones pueden relacionarse con el gasto público y los impuestos. Esto plantea la cuestión de la efectividad de la superposición de las autoridades locales (Turnbull y Djoundourian, 1993). ¿Cómo reacciona un municipio ante un aumento en el gasto intermunicipal? ¿O cómo reacciona ante un aumento en la tasa de impuestos intermunicipales?

En caso de externalidades verticales, uno se pregunta sobre la forma de las funciones de reacción de los municipios. Estas preguntas son muy importantes desde el punto de vista fiscal (Leprince y Guengant, 2002; Guengant y Leprince, 2006). De hecho, el  proceso de transferencia de competencias de los municipios al intermunicipalismo se ha acelerado en los últimos años (Rozet, 2005).

Con respecto a los espacios verdes, estos siguen siendo en gran medida responsabilidad de los municipios. Proporcionan el 95% del gasto para estos bienes públicos locales (DGCP-Ifen, 2004). En consecuencia, las externalidades verticales no son un problema importante para la gestión pública de los espacios verdes. Sin embargo, la cuestión de la gestión intermunicipal de los espacios verdes merece ser explorada. Esta transferencia de habilidades implica nuevas situaciones de negociación. La decisión de transferir la responsabilidad de los espacios verdes responde tanto a los desafíos políticos (imagen, comunicación del municipio, búsqueda de registro local) como financieros. Si los municipios y la autoridad intermunicipal comparten la responsabilidad de los espacios verdes, ¿adoptará el primero un comportamiento estratégico? En el caso del comportamiento no cooperativo, pueden surgir dos situaciones. En el primero, los municipios adoptan el comportamiento de polizones. En otras palabras, pueden aprovechar los espacios verdes financiados por la asociación intermunicipal. El segundo es un efecto de complementariedad. En esta eventualidad, existe el riesgo de una extensión del gasto público que no se justifica en términos de preferencias.

Conclusión del capítulo

En este capítulo hemos mostrado cómo las teorías de la elección y la economía públicas local permiten comprender las políticas locales desde un ángulo positivo. Las decisiones públicas ya no serían tomadas por un regulador benevolente, sino que procederían de políticos locales electos. Sus decisiones pueden estar sujetas a consideraciones políticas. En particular, el modelo de votante medio explica estos diferentes comportamientos. Este modelo da lugar a dos interpretaciones. Según el primero, los políticos electos buscan satisfacer la demanda del votante decisivo para ser reelegido. Según el segundo, buscan satisfacer la demanda de bienes públicos locales para la mayoría de las personas. Los modelos de interacción horizontal son una extensión del modelo de votante mediano. Sugieren que los políticos electos pueden adoptar comportamientos estratégicos que toman la forma de mimetismo, competencia o el comportamiento de polizones. Como señala Brueckner (2003), estas preguntas no tienen una respuesta teórica y solo el análisis empírico puede responderlas.

Parque al atardecer

Conclusión de la parte

La existencia de externalidades dificulta que el mercado asigne espacios verdes de manera efectiva ya que un precio de mercado solo reflejaría los costos privados (o beneficios) de cada agente, y no los costos (o beneficios sociales

Además, los espacios verdes, según el tipo considerado, pertenecen a una gama de bienes entre bienes privados y públicos. El problema básico es la financiación de estos bienes. Por un lado, a menudo no están excluidos y, por otro lado, está la cuestión de la estimación de las preferencias individuales. Para superar los diversos problemas económicos identificados, existe una amplia gama de mecanismos para regular estos espacios.

Dada su diversidad, elegimos centrarnos en la oferta pública que caracteriza la política francesa para el desarrollo de espacios verdes. Por lo tanto, la cuestión de los espacios verdes surge en términos de bienes públicos locales.

Destacamos dos tipos de asimetrías de información. Por un lado, las autoridades no conocen las preferencias individuales en términos de espacios verdes y, por otro lado, tienen una ventaja informativa sobre los votantes en comparación con el costo de la provisión de estos bienes públicos locales. que en la gestión de los presupuestos públicos. Sin embargo, las personas tienen la oportunidad de reducir estas asimetrías de información. Al elegir la ubicación residencial, pueden revelar sus preferencias por las comodidades.

En consecuencia, es probable que fomenten la competencia entre los municipios que buscan atraer nuevos residentes. Los hogares también son votantes y, por lo tanto, tienen el poder de sancionar votando, y más aún si comparan la política aplicada en su municipio de residencia con la aplicada por los municipios vecinos. Estas hipótesis teóricas nos llevan a abordar el tema desde un punto de vista empírico en el resto de esta tesis.

¿Los hogares revelan sus preferencias a través de su elección de ubicación residencial? ¿Hay interacciones estratégicas entre municipios?